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GOMECISMO, LA ‘FUNDISTAS Y LA RENTA PETROLERA Humberto Trómpiz Valles Universidad Nacional Abierta RESUMEN Esta ponencia constituye un avance del proyecto de investigación: «Gomecismo, Latifundistas y la Renta Petrolera», cuyo objetivo general es historiar las pretensiones de los latifundistas criollos de apropiarse, de una parte sustancial, de la renta de los hidrocarburos que el Pars comenzó a percibir en tiempos de la dictadura gomecista, hecho de escasa referencia en la historiograffa contemporánea de Venezuela ue sin duda, plantea Sv. çx to una nueva lectura de PACE 1 or2s enfrentó a tres de lo ran quel tiempo: los lati dista imperialismo petrole discusión la visión tra blema en cuestión s de mecista y el pone en Icamente se tiene del régimen del «Hombre de La Mulera» y el carácter socialmente dominante de la clase de los latifundistas, ya que éstos fueron derrotados en su empeño.

Los argumentos de un Gumersindo Torres defendiendo los intereses petroleros de la clase latifundista y la réplica de Vicente Lecuna, quien abogó por los intereses rentístico- petroleros del estado gomecista, fueron acontecimientos históricos de singular importancia que los venezolanos no deben desconocer. DESCRIPTORES: renta petrolera, gomecismo, latifundismo, imperialismo petrolero, libre propiedad estatal del subsuelo.

ABSTRACT This paper constitutes an advance of the investigation proyect to document the plans ofthe creole latifundist to take a substancial part of the petroleum revenue which began to flow into the country during the era ofthe Gómez dictatorship, a fact which has hardly been referred to in the contemporary history of Venezuela, and which whithout doubt teachs a new lesson about «Gomecism», because the problem then insolves three of the grand social players of those times, iz, the latifundist, the Gómez gouverment and Petrolum Imperialism.

This confrontation contradicts the tradicionally historical View that is held of the regime of «The man from La Mulera», and the socially dominant character of the latifundium because they were overthrown in their efforts. The arguments of one Gumersindo Torres in his defense of the petroleum interests of the latinfundium, and the reply of Vicente Lecuna who fought for the petroleum revenue insterest ofthe State were who historical ocurrences of such singular importance, that venezuelan must know.

Key word: petroleum or oil revenue, Gomezism, latinfundium, petroleum or oil imperialism, free state property of the sub-soil. 44 INTRODUCCIÓN En los años que corren entre 1. 908 y 1. 935, Venezuela estuvo sometida al férreo puño de la dictadura comandada por el General Juan Vicente Gómez . Fue en este período cuando la sociedad venezolana dio inicio a una de sus más grandes transformaciones que abarcaron desde el plano económico-social hasta el jurídico y polltico. La dictadura gomecista fue el crisol donde se gestó a grandes rasgos la contemporaneidad venezolana.

La ancestral sociedad agrope ó aquí solución de continuidad, dando origen de ancestral sociedad agropecuaria encontró aquí solución de continuidad, dando origen a la gestación de un nuevo país, organizado bajo los designios del capital, anidado en la producción petrolera. De este acervo de transformaciones cuali-cuantitativas que se produjeron en esta época, nos interesa destacar, el papel histórico que jugaron los latifundistas pues eran ellos la clase social dominante de aquella formación social que recibió a los primeros adelantados del imperialismo petrolero.

Según la literatura más reciente Baptista y Mommer 1. 992), los señores de la tierra fueron puestos de lado a la hora de captar los proventos que generó el petróleo, en beneficio directo del Estado gomecista. Sin embargo, los latifundistas siempre dieron la pelea dentro de aquel Estado por participar en el negocio petrolero, hecho que trascendió a la época gomecista y se proyectó en el postgomecismo. Es realmente escuálida la literatura que ha abordado esta temática; los autores antes citados han sido de los primeros en plantear dicha problemática, aunque sin profundizarla históricamente.

Posiblemente, el sesgo acionalista y pol(tlco de la historiografía venezolana contemporánea explique en parte el poco interés de nuestros historiadores por este tema, amen de que el gomecismo ha sido estigmatizado históricamente. Por consiguiente, en lo que sigue, intentaremos plantear esta temática sobre el conflicto entre los señores de la tierra y la administración gomecista por la apropiación de la renta petrolera del subsuelo.

En consecuencia, tal intento nos llevará a revisar las relaciones de propiedad de las riquezas mineras con la propiedad territona as llevará a revisar las relaciones de propiedad de las riquezas ineras con la propiedad territorial superficial y el Estado, durante el período gomecista y sus antecedentes. Este es el objetivo general de la presente ponencia y que a su vez corresponde al planteamiento del problema de un proyecto de investigación actualmente en proceso de evaluación. l. – La propiedad del subsuelo en la tradición jurídico-minera venezolana hasta el siglo XIX.

La primera legislación sobre las riquezas contenidas en el subsuelo que se aplicó en Venezuela fueron las Ordenanzas de Minería para la Nueva España, dictadas en Aranjuez, en 1. 783, y en las cuales se decretaron las inas propiedad de la Corona y ésta podía entregarlas en concesiones a particulares. (Vallenilla 1 ,978, p. 25). Estas ordenanzas fueron puestas en vigencia durante la Gran Colombia por el Decreto dictado por El Libertador el 24 de octubre de 1. 829 y ratificado por el Congreso de la República de Venezuela de 1. 32, hasta su derogatoria contenida en el Código de Minas de 1. 854 (Martínez. 1. 970 p. 28). Lo que interesa destacar de esta legislación es el principio según el cual los recursos del subsuelo pertenecieron primeramente a la Corona española y luego, al Estado venezolano. En el Código de Minas de 1. 854, aparecieron de manera explícita dos disposiciones que posteriormente tendrán gran repercusión económica y jurídica, a saber: 45 1 . – Se estableció una regalía del 10 % como tributo para las minas de oro; 2. El fisco se comprometió a conceder una prima de seis a ocho reales por tonelada produ 4 as piedra, azufre, alumbre, ni a V sulfatos de base producida de carbón de piedra, azufre, alumbre, nitrato de potaza y sulfatos de base metálica; (Marquez, 1. 977, p. 19). El Código de Minas de 1. 885 se estableció a favor de los propietarios del suelo l derecho a obtener cuantas minas hubiera en sus terrenos, presentado el título que acreditara su propiedad y los planos respectivos. El Ejecutivo debía forzosamente otorgarle la concesión y preferirlo aun ante el descubridor…

Conforme al Reglamento de Minas de 1 . 887… si se descubrían minas en la superficie del suelo, en tierra de propiedad particular, el derecho del descubridor era «epectaticio», sujeto a que el dueño del terreno decidiera explotar la mina dentro del plazo de un año que a tal efecto la concedía la autoridad competente (Vallenilla, 1. 970. p. 101). Tal como se puede apreciar en la legislación citada, las riquezas del subsuelo ubicadas en terrenos particulares pertenecían al dueño del suelo y su derecho prevalecía por encima del interés estatal y el de los explotadores de las minas.

Más aún el Código de 1. 891 explicitó en beneficio de los latifundistas las siguientes disposiciones: 1 Se obligaba al concesionario a adquirir el terreno cubierto por la concesión entendiéndose con el propietario del suelo. 2. – Se le concedía el dueño de la tierra el 25 % del producto producido por las minas ubicadas en los terrenos particulares. 3. El propietario de la mina podía vender o asociarse con el concesionario minero. (Vallenilla, 1 ,970, p. 101) El Código de Minas de 1. 8 s OF as La explotación minera s pública. 2. – Las concesiones se declararon perpetuas. . – En terrenos baldíos o ejidos la concesión minera abarcaba tanto la superficie como la propiedad minera. 4. – En terrenos particulares, el concesionario se entendería con el dueño de la tierra, y de no lograrlo, se procedería a la expropiación. 5. – Las minas de asfalto, petróleo, cobre, carbón, no pagaran regalía alguna al Estado (Marquez, 1. 977, p. 20) 46 En resumen la tradición juridico-minera hasta el siglo XIX, dejó asentados los siguientes principios. a. – La propiedad de los recursos mineros pertenecía a la nación. . – La nación a través de los órganos competentes podía ceder en concesión la explotación de las minas. c. – Los terratenientes aún siendo la clase rectora de aquella sociedad no lograron de manera definitiva la privatización del subsuelo. d. – Los latifundistas lograron establecer para si una renta minera equivalente a un cuarto de la producción del subsuelo para su beneficio. e. – En tierras nacionales, el Estado no solo evitó imponer una enta en el suelo, sino que incluso llegó a proponer un subsidio a favor del concesionario.

Esto evidentemente tipifica la conducta liberal de aquel Estado que a todas luces buscaba favorecer al inversionista minero. f. – El vínculo entre la propiedad superficial privada y subsuelo siempre fue débil y mediatlzada por el interés estatal. Il. – Los Terratenientes y el Código de Minas de 1. 910. En 1. 904 y 1. 905, en el paí gislación minera que si bien dejó firmemente ase relaciones entre el Estado y los concesionarios mineros dice muy poco sobre la situación en que quedaron los terratenientes en relación on la propiedad de los recursos naturales del subsuelo, dentro de sus limites territoriales.

Sin embargo, en el Código de Minas de 1 ,910 (similar al de 1 ,909 que fue abolido por la Suprema Corte por presentar fallas formales), encontramos esta expresa disposición sobre la propiedad territorial y su relación con el subsuelo: Cuando la mina denunciada se halle en terrenos baldíos o ejidos arrendados u ocupados, o de propiedad particular o dentro de una conceslón ajena, tendrá el propietario o poseedor derecho: 1 a la tercera parte de utilidades liquidas que produzca la explotación por el enunciante; 2. o a resarcir al denunciante los gastos hechos por el descubrimiento y denuncio y reconocerle la tercera parte de las utilidades liquidas, sobrogandose en todos los deberes que el denunciante estuviera dispuesto a contraer para llevar a efecto la publicación (citado por Marquez, 1. 977. pp. 48-49). 47 Tal como se puede apreciar en la cita precedente, los terratenientes se reservan para si el 33 1/3 por ciento de las ganancias mineras que se extrajeran en sus propiedades.

Esta disposición a todas luces contravenía los intereses del capital imperial que había salido de sus marcos acionales, precisamente huyéndole a los elevados montos de la ren suelo. Otras disposiciones que sa igo de Minas de 1. 910 bajo los contratos especiales celebrados con el Ejecutivo Nacional. 2. – Se revalidaron todas las concesiones que se habían otorgado con anterioridad (especialmente las otorgadas en 1. 907 al capital anglo-holandés). 3. – No se exigio ninguna renta del suelo a los concesionarios petroleros. 4. Se estableció un impuesto de 2 bolívares por tonelada contractualmente para toda la duración de la concesión. 5. – Se exoneró al concesionario de los aranceles de importación e los artículos necesarios para la producción durante todo el periodo de la concesión. 6. – Se elevó el período de las concesiones de 30 a 50 años. 7. – Quedó establecida por vez primera la cláusula de la reversión o sea, que todas las instalaciones construidas por los concesionarios pasarían a ser prioridad del gobierno sin indemnización alguna, al final de la concesión (Mommer 1. 983, p. 27 Marquez 1. 977, p. 43). Para 1. 10, nos encontramos con que la dictadura gomecista en su segundo año de gobierno, comenzó a aplicar una primera versión de su politica petrolera, muy nclinada tanto a favorecer tanto los intereses de los terratenientes como a los del inversionista extranjero. Sin embargo, el imperialismo petrolero no quedó satisfecho pues, aún cuando en términos generales, dicha legislación lo favorec(a sobre todo la ausencia de la renta del suelo la referida legislación contenía unos artículos que el capital petrolero no estaba dispuesto a tolerar; nos referimos a las disposiciones que amparaban a los latifundistas criollos.

Tal sltuación jurídica resultaba intolerable para el imperialismo petrolero por cuanto la misma conlleva a: a. – Incrementar la competencia entre los . – Incrementar la competencia entre los capitalistas concesionanos. b. – Elevar la renta del suelo por encima de los niveles mexicanos o norteamericanos. c. – Incitar a los latifundistas a plantear por la calle del medio la privatización del subsuelo, una vez materializada la potencialidad económica que contenía la renta petrolera, para sustituir una agricultura que venia sufriendo de 48 mengua.

La pnvatización del subsuelo fue precisamente, otra de las causas que empujó al capital imperialista petrolero a rebasar sus fronteras nacionales. Teniendo presente los peligros que para el capital representaban as disposiciones legales a favor de los latifundistas, contenidos en el Código de Minas de 1. 910, el imperialismo petrolero presiono al gobierno gomecista a fin de que dicha legislación fuera reformada en beneficio de los concesionarios, aboliendo los artículos que beneficiaban a los señores de la tierra.

Tal pretensión encontró eco en el gobierno gomecista y a tal efecto en 1 ,912, el Procurador General de la Nación elevó ante la Corte Federal y de Casación, una demanda de nulidad por inconstitucional de todos aquellos artículos del Código de Minas de 1. 910 que favorecían a los erratenientes en el negocio petrolero. A los ocho días de haber admitido la demanda, la Corte falló a favor del gobierno, y por supuesto para beneplácito de los inversionistas petroleros extranjeros.

Quedó asi abortada la intención inicial del gomecismo de favorecer simultáneamente a los latifundistas y al imperialismo en la explotación petrolera. Soldó de esta manera Juan Vicente Gómez su alianza al imperialismo en la explotación con las compañlas petroleras. (Betancourt. I ,979. p. 44, Marquez I ,977, p. 49). La administración gomecista justificó la medida de exclusión de os terratenientes del negocio petrolero dictada por la Corte, con la siguiente argumentación ofrecida por el Ministro de Fomento de aquel entonces: Semejante precepto [participación de los terratenientes en el negocio petrolero.

HII constituye una restricción manifiesta, puesto que nadie habré de incurrir en aportar el dinero, el crédito, la inteligencia, la actividad la perseverancia, en fin todo el caudal material, intelectual y moral requerido para poder alcanzar éxito en las empresas de esta naturaleza, para luego hacer participe, nada menos que en la tercer parte de las utilidades, a un ocio obligado que no trabajaba y con nada contribuye y que nada aporta. (Mommer, 1 ,988, p. 3) Esta justificación de la separación de los terratenientes del negocio petrolero, ofrecida por el Ministro de Fomento, estaba en total sintonía con la exposición de motivos de la Ley de Minas de 1. 909, donde se sostenía que: la bondad de una ley de minería ha de apreciarse por la mayor seguridad que se de a los explotadores en su concesión; por la extensión de la libertad que se le conceda para obrar, pues, cuanto menos trabas, mejor; finalmente por el cúmulo que se les brinde para la