Sentencia tribunal supremo

Sentencia tribunal supremo gy nikitall ‘IOF6pR 16, 2011 SB pagos EDJ 2007/229920 Tribunal constitucional Pleno, S 18-12-2007, no 258/2007, rec. 2670/2004 Pte: Pérez Tremps, Pablo ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO. -Mediante escrito registrado en este Tribunal el 26 de abril de 2004, la Procuradora de los Tribunales Da Mónica de la Paloma Fente Delgado, en nombre y representación de D. Juan Antonio y D. José Antonio, y bajo la dirección del Letrado D.

José Ruz García, interpuso recurso de amparo contra las resoluciones judiciales citadas en el encabezamiento. SEGUNDO. – El recurso iene su origen en los siguientes antecedentes: a) El 2 de julio de 1998 se interpuso una querella contra los recurrentes en amparo por los delitos de detención ile al torturas contra un menor de edad, presuntament io de su función de orsa policías locales. Laqu ella juzgado de Instrucció úm. de octubre de 1998, 617-1998.

Por Auto d a mite por Auto del a ny del Vallés de 20 ias previas núm. 00, confirmado por Auto de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Barcelona de 19 de marzo de 2001, se acordó proseguir las actuaciones por el procedimiento para el juicio de faltas, que fue tramitado con l núm. 155-2001. b) El 19 de septiembre de 2001 se celebró el juicio de faltas en el que los recurrentes en amparo contaron con la asistencia de Letrado de su elección.

En el acta de dicho juicio se documenta que, tras resolverse la cuestión previa planteada por I Swipe to vlew next page los recurrentes referida a la prescripción de los hechos, declararon, en primer lugar, el denunciante, después, los recurrentes en amparo, en su condición de denunciados, y, por último, una testigo propuesta por la defensa y un policia local. A continuación, el Ministerio Fiscal y el Letrado del denunciante olicitaron la condena de los recurrentes como autores de una falta de lesiones y el Letrado de los denunciados su absolución, declarándose el juicio visto para sentencia. ) Por Sentencia de 12 de septiembre de 2001 se condenó como autores de una falta de lesiones a los recurrentes, quienes interpusieron recurso de apelación alegando, entre otros motivos, que no se había dado el trámite de última palabra ni respuesta a todas las cuestiones planteadas. El recurso fue estimado por Sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Barcelona de 25 de marzo de 2002, por no haberse dado respuesta motivada las pretensiones oportunamente deducidas, acordándose la anulación de la Sentencia y la retroacción de actuaciones para que se dictara una nueva resolución.

Finalmente, por Sentencia del Juzgado de Instrucción núm. 5 de Cerdanyola del Vallés de 3 de julio de 2002 se condenó a los recurrentes a la pena de multa de dos meses con una cuota diaria de tres mil pesetas día y responsabilidad civil por las lesiones causadas al denunciante, al considerar probado que los denunciados persiguieron al denunciante durante un periodo de tiempo en sendas motocicletas y que fue esposado y arrodillado en la calle, y que’ . n el momento de la detención, la misma fue un po 2 OF fue esposado y arrodillado en la calle, y que». n el momento de la detención, la misma fue un poco violenta, de forma que los denunciados propinaron algún golpe al denunciante. «. En dicha Sentencia se pone de manifiesto, entre otros extremos, que la relación de hechos probados se deriva de las testificales practicadas y del informe del médico forense que consta unido a las actuaciones, y que la responsabilidad civil asciende a un total de 47. 370 pesetas, habida cuenta de que fueron 15 días los que se tardaron en curar las lesiones, a razón de 3. 158 esetas por cada día.

Por el contrario considera improcedente indemnizar tanto por el perjuicio académico alegado como por los daños del ciclomotor, al no quedar probados dichos perjuicios. d) Los recurrentes en amparo interpusieron recurso de apelación, alegando defectos de motivación en cuanto a la conformación de los hechos probados, el cómputo de la prescripción, la determinación de la responsabilidad civil, la extensión y cuantificación de los días multa y la concurrencia de la causa eximente de haber obrado en cumplimiento de un deber, insistiendo en que no se les había dado la posibilidad de jercer el derecho a la última palabra.

El recurso, tramitado con el núm. 229-2003 por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Barcelona, fue parcialmente estimado por Sentencia de 5 de marzo de 2004 sustituyéndose la pena impuesta por la de multa de un mes con una cuota diaria de 6 euros. Así, se argumenta que al no haberse motivado la imposición de la pena de multa en dos meses ni la cuantía en 3. 000 pesetas, debe q haberse motivado la imposición de la pena de multa en dos meses ni la cuantia en 3. 00 pesetas, debe quedar reducida a un mes, que es el mínimo legal, y en una cuantía de 6 euros,» róxma al mínimo y que se entiende perfectamente asumible por quien no consta, ni alega, hallarse en situación de precariedad económica», ya que «de los datos obrantes en la causa solamente puede deducirse que al tiempo de los hechos los acusados eran funcionarios policiales en ejercicio, ignorándose su retribución y demás circunstancias» (FD 8). ) La Sentencia de apelación no acepta la declaración de hechos probados y la sustituye por un relato fáctico en el que se precisa que la persecución tuvo lugar tras haber sido requeridos los agentes para que acudieran a un Instituto donde se estaba produciendo una elea y observar» . como un ciclomotor salía del patio del centro a gran velocidad portando un pasajero, dándole el alto sin que su conductor atendiera sus indicaciones, por lo que iniciaron su persecución, introduciéndose el ciclomotor por una calle en sentido contrario a la marcha, hasta que lograron interceptarle. . Continúa el relato señalando, por un lado, que «los referidos agentes policiales golpearon al conductor del vehiculo. , de 15 años de edad, procediendo a esposarle y detenerle» y, por otro, que «como consecuencia de los golpes propinados por los agentes policiales,. ufrió contusiones y erosiones de las que curó en quince días, durante los que estuvo impedido para su ocupación habitual, precisando de una primera asistencia facultativa». ) La Sentencia acepta el rest 40F habitual, precisando de una primera asistencia facultativa». f) La Sentencia acepta el resto de los fundamentos de derecho de la resolución recurrida y, por lo que se refiere al alegado error de computo en la prescripción, señala que desde la firmeza del Auto acordando la prosecución de la causa por los trámites del juicio de faltas nunca ha existido una paralización por tiempo superior los seis meses (FD 2).

En cuanto al derecho a la última palabra, se argumenta que dicho derecho es sólo de aplicación en el procedimiento por delito en virtud del art. 739 LECrim, pero no en las faltas, que tiene una regulación específica en el art. 969 LECrim, en el que ya se prevé que el denunciado expondrá de palabra lo que crea conveniente en apoyo de sus pretensiones en último lugar, lo que así se verificó en este caso a través de la intervención de su abogado @ G upo El Derecho y Quantor, S. L. 1 Antonio López López (FD S).

Por su parte, la invocación del derecho a la presunción e inocencia fue desestimada incidiendo en que no existe vacío probatorio alguno, ya que en el acto del juicio el denunciante afirmó con rotundidad que los agentes le pegaron estando en el suelo y una testigo refirió que los policías pusieron al detenido contra un poste de la luz y el golpearon entre los dos, viendo como le daban golpes y le zarandeaban. Además, se pone de manifiesto que estas declaraciones aparecen corroboradas por la constatación del daño corporal en el parte de primera asistencia médica y en el informe médico-forense de sanidad (FD 6). ) La Sentencia de apelación también h OF y en el informe médico-forense de sanidad (FD 6). g) La Sentencia de apelación también hace mención, en cuanto a la calificación jurídica de la conducta, por un lado, a que si bien la Sentencia de instancia se refiere en su fundamentación jurídica al art. 617. 2 CP, ello constituye un evidente error material, ya que». solicitada por el Ministerio Fiscal la condena por una falta de lesiones a la pena de dos meses de multa, ninguna duda cabe de que la acusación venía referida al art. 617. y si la Juez ha considerado que el denunciante sufrió lesiones que tardaron quince dras en curar y a impuesto la pena de multa de dos meses, es indudable que está sancionando su conducta como constitutiva de una falta de lesiones del art. 617. 1 » (FD 4). Por otro lado, en relación con la concurrencia de la eximente del ejercicio legítlmo del cargo (art. 20. 7 CP), dicha eximente exige que concurra la necesidad de hacer uso de la violencia, lo que en el caso enjuiciado no se producía, toda vez que los dos agentes ya tenían inmovilizado al menor (FD 7).

Por último, se argumenta que, si bien la Sentencia de instancia adolece de determinados defectos de motivación y redaccion, no cabe acordar su anulación, ya que, teniendo en uenta que es un juicio de faltas, caracterizado por su sencillez, la motivación desarrollada es suficiente para conocer los medios probatorios en que se ha fundamentado e, igualmente, a pesar de la defectuosa redacción del relato de hechos probados, las referencias fácticas contenidas en la fundamentación jurídica permiten salvar esos defectos sin acudir a su nulida 6 OF fácticas contenidas en la fundamentación jurídica permiten salvar esos defectos sin acudir a su nulidad. A la misma conclusión se llega respecto del error material cometido al hacer referencia en la fundamentación jurídica al art. 617. CP. uesto que es un mero error susceptible de subsanación, y a la falta de motivación de la individualización de la pena, en tanto que sólo es causa de su revocación respecto de ese particular, como efectivamente se acuerda, y no de anulación (FD 4). TERCERO. – Los recurrentes, a través de veinticinco motivos de amparo diferentes, dirigidos tanto contra la Sentencia de instancia como contra la de apelación, alegan en su demanda de amparo la vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24. 1 CE), a un proceso con todas las garantías y sin dilaciones indebidas (art. 24. CE), a la defensa (art. 24. 2 C E), a la presunción de inocencia (art. 24. 2 CE) y a legalidad penal (art. 25. 1 CE). En primer lugar, bajo la invocación de los derechos a la tutela judicial efectiva (art. 24. CE), a un proceso con todas las garant[as y a la presunción de inocencia (art. 24. 2 CE) plantean que las Sentencias impugnadas no han motivado debidamente la conformación de los hechos probados a partir de la actividad probatoria desarrollada y la participación individualizada de cada uno de los recurrentes en los hechos que se le imputan ni han contextualizado debidamente esos hechos, en conexión con la onducta previa desarrollada por el denunciante. En segundo lugar, alegan la vulneración de los derechos a la tutela judicial 53 denunciante. En segundo lugar, alegan la vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva (art. 24. CE) y a un proceso con todas las garantías y sin dilaciones indebidas (art. 24. 2 CE), argumentando que las Sentencias impugnadas no han motivado debidamente la determinación de la responsabilidad civil, la extensión y cuantificación de los días multa y la concurrencia de la causa eximente de haber obrado en cumplimiento de un deber, y que, además, han incurrido en error patente en el cómputo e la prescripción, toda vez que habían transcurrido más de seis meses entre el 25 de marzo de 2002, en que se dictó la Sentencia de apelación, anulando la primera Sentencia de instancia, y el 16 de diciembre de 2002, en que se notificó la segunda Sentencia de instancia de 3 de julio de 2002.

En tercer lugar, fundamentan la vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24. 2 CE), con remisión a la doctrina sentada en la STC 167/2002, en que habiéndose declarado en la Sentencia de apelación que no se aceptaban los hechos probados, se ha producido una nueva aloración de las pruebas sin la debida inmediación. En cuarto lugar, aducen la vulneracion de los derechos a la tutela judicial efectiva (art. 24. 1 CE), a la defensa y a un proceso con todas las garantías (art. 24. 2 CE), con fundamento en que no se les concedló el derecho a la última palabra. En quinto lugar, también se quejan de la vulneración del derecho a la legalidad penal (art. 25. CE), poniendo de manifiesto la defectuosa subsunción de los hechos en la falta de lesiones por la que han sido con de manifiesto la defectuosa subsunción de los hechos en la falta de lesiones por la que han sido condenados y que la pena mpuesta no se corresponde con el tipo penal aplicado. Por último, se imputa a la Sentencia de apelación la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24. 1 CE)y a un proceso con todas las garantías (art. 24. 2 CE) por no haber anulado la Sentencia de instancia y acordado la retroacción de actuaciones a pesar de reconocerse que se había incurrido en numerosos errores tanto en lo relativo a la descripción del relato de hechos probados como a la determinación del tipo penal aplicado. CUARTO. – La Sección Segunda de este Tribunal, por providencia de 6 de febrero de 2006, acordó admitir a trámite la emanda de amparo y, en aplicacion de lo dispuesto en el art. 1 LOTC, requerir atentamente del órgano judicial la remisión del testimonio de las actuaciones y el emplazamiento de quienes hubieran sido parte en el procedimiento para que pudiesen comparecer en el plazo de diez días en el presente proceso de amparo. Igualmente, se acordó formar la correspondiente pieza separada de suspension, en la que, tras los trámites oportunos, se dictó por la Sala Primera de este Tribunal el ATC 92/2006, de 27 de marzo, denegando la suspensión solicitada. QUINTO. – La Secretaría de Justicia de la Sala primera de este Tnbunal, por iligencia de ordenación de 21 de abril de 2006, tuvo por recibido el testimonio de las actuaciones y acordó, a tenor de lo dispuesto en el art. 2 LOTC, dar vista de éstas al Ministerio Fiscal y a las partes personadas por pla dispuesto en el art. 52 LOTC, dar vista de éstas al Ministerio Fiscal y a las partes personadas por plazo común de veinte días para que presentaran las alegaciones que estimasen pertinentes. SEXTO. – El Ministerio Fiscal, por escrito registrado el 22 de mayo de 2006, interesó que se otorgara el amparo por vulneración del derecho de defensa (art. 24. CE), al no haberse concedido el derecho a la última palabra, con anulación de las resoluciones judiciales impugnadas y retroacción de actuaciones para que se celebrara nuevo juicio de faltas con respeto a dicho derecho.

A esos efectos, argumenta que, examinada el acta del juicio oral, se comprueba que no se concedió a los recurrentes el derecho a la última palabra, lo que fue alegado en apelación y desestimado en el entendmiento de que al haber comparecido a juicio asistidos por Abogado y haber sido este oído, no se había omitido trámite alguno, sin que tal modo de razonar pueda compartirse, onforme a lo señalado en la STC 93/2005, de 18 de abril. Antonio López López 2 C Grupo Él Derecho y Quantor, S. L. En relación con el resto de invocaciones, el Ministerio Fiscal consideró que debían desestimarse, argumentando que las resoluciones judiciales hacen referencia expresa a la prueba practicada en el plenario, lo que es suficiente para considerar enervada la presunción de inocencia de los recurrentes y, además, dan respuesta motivada a todas las cuestiones jurídicas que fueron oportunamente planteadas, por lo que tampoco concurre la vulneración aducida del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24. 1 CE).