Politica

Politica gy mamboyo «exaõpR 03, 2010 20 pagos • : portada América Latina y Caribe 01-10-2010 Honduras… Ecuador… una llamada para América Latina Gian Carlo Delgado-Ramos y Silvina María Romano Rebelión América Latina (AL) es un espacio territorial estratégico para Estados Unidos (EE. UU. ). Esto es: como reserva de recursos, como espacio receptor de inversiones, así como región exportadora de excedentes (i. e. retorno de ganancias, pago de regalías o de intereses por concepto de empréstitos).

Es parte de un esquema expoliador y subordinante, sólo posible con el aval de los rupos de poder local, y que desgarra crecientemente el tejido social. La polarización de la riqueza, el despojo, privatización, desnacionalización y erosión de los bienes de las naciones (que son de los pueblos en eneral la tendencia creciente de condenar a una g OF20 la muerte, genera un ani que figuran como po «los negocios» de EE creciente criminaliza a la miseria o ociopolíticas ido curso de s.

Esto lleva a la esión de la protesta al asociar los movimientos sociales con figuras que «requieren» la intervención de la fuerza del Estado, situación que habilita la eventual injerencia de EE. UU. ajo el argumento de asegurar sus inversiones y otros intereses, como los de sus «socios» menores. Nos referimos al uso de figuras como el comunismo (en su momento), el terrorismo o la narco-insurgencia.

Así, mientras el grueso de Estados nación latinoamericanos promueve políticas que favorecen prin Swipe to vlew next page principalmente los intereses de ciertos grupos de poder, al mismo tiempo se observa necesaria la actuación de la fuerza del Estado para generar un orden ante la agresión que tales políticas implican para con los pueblos. La variable del «orden interno», ante el despojo y saqueo, es ues permanentemente necesaria y así se puede identificar en el discurso-acción de EE. UU.

El Plan Colombia (PC) y la Iniciativa Mérida (IM) son casos paradigmáticos, pero no aislados, de la interferencia de EE. UU. en AL que a los fines de garantizar su «seguridad nacional», léase sus intereses socioeconómicos y geopolíticos, promueve mecanismos ad hoc de «orden interno» en la reglón. Se trata de un escenario que coloca de modo creciente a las fuerzas armadas locales, en alianza con EE. UU. , como gestores del «orden interno», facilitando o estimulando la militarización y paramilitarización e incluso las prácticas de errorismo de Estado.

Aún más, como es reconocido desde la Doctrina Monroe (1823) y el corolario de Polk (1 848)3 , el carácter estratégico de AL, «obliga» a ese país a contener cualquier intento de construcción de proyectos alternativos a lo largo y ancho de la región, pero sobre todo a aquéllos que aboguen por la integración latinoamericana independiente. Es por tanto imperiosa una continua ofensiva contra los gobiernos alternativos puesto que no siguen al pie de la letra los lineamientos establecidos para la región; ello más allá de sus propias limitaciones. Así, al mantener importantes ensiones con EE.

UU. , su mera existencia es una amenaza para los intereses hegemónicos y oligárquicos. La ofensiva puede ser más o menos vislble 2 OF para los intereses hegemónicos y oligárquicos. La ofensiva puede ser más o menos visible. Uno de los mecanismos de desarticulación regional e interna de ese tipo de gobiernos latinoamericanos ha sido y es promover la confrontación entre distintos actores locales, en especial entre el gobierno alternativo y el empresariado (la «oligarquía’ empresarial local), las fuerzas militares y de seguridad, así como los paramilitares y otras figuras «informales».

Con el apoyo activo «desde adentro» de ésos últimos, la resolución final típica de este page 1 / 9 tipo de proceder es bien conocida: la instauración de gobiernos ad hoc ilegltirnos (y que bien pueden ser «legales» por medio de investiduras de democracia formal que carecen del apoyo de los pueblos) o inclusive el impulso de golpes de estado cfru’ico- militares.

La construcción de proyectos alternativos, aunada a la profundización de la actual crisis económica mundial (que lastima las condiciones socioeconómicas de la reglón y por tanto dificulta la profundización de la explotación y entonces de acumulación- ransferencia de capital), erosionan el poder de la oligarquía local y la fuerza de injerencia de EE. UU. y otros actores metropolitanos en AL; de ahí que haya un interés mutuo. En este panorama, el «orden interno» se convierte en hilo conductor en que tanto catalizador de la estabilización o la desestabilización, según corresponda.

En el caso de los gobiernos subordinados, se opera estabilizando el statu quo de los grupos de poder (y del Estado que los representa y del cual forman parte) y desestabilizando a las clases sociales explotadas, al orillarlas a la miseria y expl orman parte) y desestabilizando a las clases sociales explotadas, al orillarlas a la miseria y explotación creciente e hipotecando su futuro. En cambio, cuando se trata de gobiernos alternativos, la dlnámica es al revés.

Cuando los pueblos se encuentran representados en mayor medida por determinados gobiernos, entonces el objetivo es desestabilizar estos gobiernos para estabilizar los intereses de los viejos grupos de poder (colóquese aquí el uso de la política de «‘dos fases»). 4 En ambas modalidades de funcionamiento de lo que calificamos como modelo de estabilización – desestabilización, la alianza entre las ligarquías locales y los intereses extranjeros aparece como algo «natural» (en tanto está enraizado en los procesos de construcción y consolidación de los propios Estados nacionales de AL).

Los instrumentos para lograrlo son múltiples, desde el uso de los medios de (des)información, hasta operativos encubiertos. Honduras primero y ahora Ecuador no pueden verse más que como un fuerte llamado de atención a los pueblos latinoamericanos para construir el tejido social y la articulación necesaria para enfrentar esta situación tan compleja. plataformas de proyecclón de dinámicas de estabillzación- esestabilización: Plan Colombia e Iniciativa Mérida.

El Plan Colombia (PC) y su continuación el Plan Patriota (PP), así como la Iniciativa Mérida (IM) en sinergia con la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN) no son un objetivo en si mismos, sino que constituyen un medio más para garantizar los intereses del sector privado y del gobierno de EE. UU . y de sus «socios» menores locales, proceso qu intereses del sector privado y del gobierno de EE. UU. de sus «SOCIOS» menores locales, proceso que en los hechos toma forma en una compleja y peligrosa dinámica de estabilidad – nestabilidad. El PC tuvo desde sus inicios como uno de sus ejes clave la «transformación» y «modernización» de las fuerzas armadas y policíacas para combatir la guerra interna (con las FARC y el ELN), a fin de lograr un cambio en la correlación de fuerzas con la guerrilla, situación que se sostiene para poder mantener el control de territorios estratégicos por parte de los diferentes actores y sus intereses.

Con el PP se consolidan nuevas tareas para el control del territorio colombiano, y para lograr una mayor proyección hacia los países vecinos, colocando entre 14. 000 y 17. 00 hombres en toda la zona selvática, especialmente en la región fronteriza del sur (Ecuador) y de oriente (Venezuela), bajo la modalidad de despliegue rápido; una forma de bajo perfil impulsada por EE. UU. que es parte de lo que el Pentágono denomina como una «nueva arquitectura militar» (Delgado, 2010). age 2/9 En el marco de la IM, la modernización de las fuerzas armadas tiene por objeto ganar la correlación de fuerzas contra el «narcotráfico» o el «crimen organizado», enemigos difusos que ahora se han aglutinado bajo la etiqueta de «narco-insurgencia» En este tenor es útil recordar que la doctrina estadounidense e «contrainsurgencia», especialmente en AL, constituyó un componente esencial de la Doctrina de Seguridad Nacional, al definir la insurgencia como: «el uso sistemático de la violencia para desestabilizar el orden social y politico establecido» (US s OF de la violencia para desestabilizar el orden social y político establecido» (US Department of State. Foreign Relations. 1964-1968. Vol XXXI. Doc. 38). Eximiendo de tal definición «… los golpes de Estado perpetrados por militares, el vandalismo y los desórdenes espontáneos» (Ibid). Lo anterior es importante puesto que tal entendimiento permite ebilitar gobiernos alternativos en funciones, criminalizar la resistencia social y atender la ocupación de territorios de alta prioridad. Ysi bien no se pretende decir que la IM (o el PC/PP) tienen como fin exclusivo promover un contexto de control social, ciertamente contribuyen a ello. México acumula más de 23. 00 muertos asociados a operativos antinarcóticos pero que incluyen muertes de inocentes (Finnegan, 2010), al tiempo que se perfila como el país más peligroso del mundo para los defensores de los derechos humanos, movimientos sociales y periodistas. Lo llamativo es que en la ola de violencia han aumentado los sesinatos de líderes sociales opositores a procesos de despojo y de extractivismo sin control. El eufemismo del negocio de las armas y de la conservación de un escenano ad hoc estable-inestable es nítidamente observado por el Departamento Nacional de Planeación de Colombia al preclsar que: «… la seguridad estimula la inversión y ésta, con responsabilidad social, permite avanzar en la superación de la pobreza y la construcción de equidad».

Y especifica prioridades a partir de lo que la Escuela Superior de Guerra (2009) denomina como «circulo virtuoso de la seguridad»: 1) Inversión y seguridad; ) confianza y estabilidad; 3) inversión privada; 4) crecimiento economico; 5 6 OF Inversión y seguridad; 2) confianza y estabilidad; 3) inversión privada; 4) crecimiento económico; 5) impuestos e inversión social; 6) bienestar social y satisfacción de necesidades. Desde esta óptica, se considera entonces que un orden seguro es un orden «democrático» capaz de garantizar la estabilidad del mercado (Loveman, 2006). Esto es que lo que importa, la seguridad del mercado y no la de los pueblos. La injerencia en materia de seguridad y orden interno por parte de EE. UU. s principalmente marcada en los rubros de asesoramiento» y «entrenamiento» de personal; la puesta en marcha de acciones conjuntas en suelo, agua y aire; y mediante el estímulo al incremento en el número de contratistas en diversas áreas para asegurar, el orden interno y el control de territorios prioritarios. Esto complejiza y genera una amplia estabilización del Estado, especialmente de su brazo militar y de seguridad, y una profunda desestabilización interna debido a la presencia de polic[a, sen’icio secreto, ejército-marina-fuerza aérea, ejércitos o seguridad privada formalmente contratados, paramilitares y emás actores foráneos como asesores, agregados adjuntos en materia de seguridad y antinarcóticos, personal de operaciones encubiertas, etcétera.

Lo preocupante del asunto es que en este contexto, la asociación del narcotráfico con la insurgencia, al estilo Colombia en México, advierte la ya mencionada criminalización de la resistencia social y con ello la posibilidad de violar flagrantemente los derechos humanos en el país, puesto que se asume que en ciertos casos el uso de la fuerza estatal «no es suficiente» para manejar el problema del mod en ciertos casos el uso de la fuerza estatal «no es suficiente» para anejar el problema del modo en que es «requerido». Hay que señalar que en tales casos suelen entrar en operación tanto el contratismo como el paramilitarismo. Recuérdese que el paramilitarismo es una estrategia sistemática del Estado page 3 / g basada en la doctrina contrainsurgente clásica y en la nueva modalidad de guerra de baja intensidad apoyada por los sectores de poder formales e informales, locales y extranjeros y que actúa como una brigada encubierta con impunidad garantizada para el genocidio social y político.

Así, si bien el paramilitarismo es contradictorio para el Estado en tanto que genera una mayor esestabilización (social), a la vez es una forma de represión que «invisibiliza» la responsabilidad del Estado en actos que están por fuera de la Ley (Fazio,2003), fomentando el terror (o el miedo) como instrumento de control social. Militarización del orden interno, regionalización de la interferencia y el pelgro de la instauración de gobiernos represivos. Mientras el PC/PP funge como base desde la que se busca garantizar una incidencia y estabilidad de los intereses de EE. UU. en la zona de influencia inmediata a Colombia y en el Cono Sur, la IM se perfila como instrumento de interferencia en el país vecino n tanto que EE. UU. pretende garantizar su propia seguridad operando desde y en suelo mexicano.

Claro está, se suma la proyección de tal injerencia hacia Centroamérica, República Dominicana y Hait(. En este tenor, dos cuestiones son importantes. La primera, el alcance de la concepción de «lo regional» en los lineamientos de importantes. La primera, el alcance de la concepción de «lo regional» en los lineamentos de combate contra el «narco- terrorismo» en Colombia y México, contra el carácter internacional del negocio que suele dejarse de lado (la venta y el grueso del lavado del dinero se hace en los países etropolitanos, donde además se adquieren las armas que utilizan los diversos grupos armados vinculados al negocio de la droga -el de ésas incautadas en México provienen de EE. UU. -).

La segunda, el impulso que se está otorgando a la seguridad interna en toda la region más allá de los alcances formales del PC/PP y de la IM-ASPAN. Lo demuestra el impulso de medidas que colocan a los militares como garantes del orden interno. El caso de Perú es representativo (véase más adelante). El tema de lo «regional» no es menor. Éste queda en evidencia en el modo en que se implementaron el PC y el PP y la posterior reación, en 2005, de la Iniciativa Regional Andina (IRA); todo bajo el argumento de evitar el «efecto dominó» que podría causar el narcotráfico. La IRA tiene como objetivo vital el control de la frontera, no sólo de Colombia con sus vecinos, particularmente con Venezuela (que es uno de los principales proveedores de petróleo de EE. UU. un gobierno que se opone claramente a la guerra contra el «narco-terrorismo») sino en los demás países del Cono Sur. Esto no es fruto de la mera imposición de EE. UU. sino que ha sido la elite colombiana la que ha permitido tal interferencia del gobierno estadounidense, generando fuertes ensiones con sus vecinos (y de este modo, contribuyendo a regionalizar el conflicto) al postularse como «peón» del gobierno (y de este modo, contribuyendo a regionalizar el conflicto) al postularse como «peón» del gobierno estadounidense en la región (Palomo, 2010). La postura de la UNASUR frente a este tipo de conflictos es clave, en tanto debemos tener en claro que para lograr la «regionalización» de la «guerra» contra el narcotráfico y el terrorismo, EE. UU. resiona de modo constante para mantener relaciones (económicas y de seguridad) bilaterales, neutralizando a posibilidad de plantear una agenda a partir de una verdadera participación multilateral capaz de integrar horizontalmente a los gobiernos de la región andina (Bonilla, 2006). Es a partir de estos acuerdos que se materializa la presencia de personal militar en la frontera de países del Cono Sur (no solamente en los que integran la IRA) lo que a su vez remite a ciertas page 4 / g estrategias vinculadas a la doctrina de seguridad nacional de los 60-70 y el modo en que se «luchó» contra la «insurgencia» a través de las fronteras de AL5.

Por ello no sorprende que el Secretario de Defensa de EE. UU. , Robert Gates, en su reunión con las fuerzas armadas peruanas (abril 2010), señalara que éstas deben «reestructurarse y focalizarse más en los desafíos internos» (Gates en Salas, 2010). Cumpliendo con tales mandatos, las fuerzas armadas peruanas ya pueden intervenir en asuntos de orden interno: ‘ . los militares pueden emplear la fuerza en situaciones de enfrentamiento con algún grupo hostil -previa declaración del estado de emergencia-, pero también cuando ayuda a la policía a restablecer el orden interno en otras situaciones de violencia o la apoya en operaciones contra el tráfico de