penal SENTENCIA

penal SENTENCIA gy Marita-Navarrete cbenpanR 16, 2016 24 pagos CORTE NACIONAL DE JUSTICIA SALA ESPECIALIZADA DE LO PENAL, PENAL PENAL POLICIAL Y TRÁNSITO CAUSA NO: 2066-2014 (SSI) DENISSE ARAY MOZO Quito, 15 de mayo de 2015 En el Juicio Penal por TENENCIA Y POSESIÓN ILÍCITA DE ESTUPEFACIENTES, que se sigue en cont ha dictado lo siguiente: «JUEZA NACIONAL P PACE 1 A RAARAY MOZO, se hez Insuasti. – NO. 20662014. – CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. SALA ESPECIALIZADA DE LO PENAL. PENAL MILITAR, PENAL POLICIAL Y TRANSITO. – Quito, 15 de mayo de 201 5, las 081130. VISTOS: ANTECEDENTES PROCESALES. – 1 .

Denisse Alexandra Aray Mozo, interpone, recurso de casación, contra la sentencia dictada por la Sala Única Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia del Carchi, el miércoles 3 de diciembre de 2014, a las 15hOO, misma que, la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia, de fecha 28 de enero de 201 5; y en atención al sorteo de ley efectuado el lunes 9 de febrero de 201 5, el presente Tribunal de Casación, está integrado por la doctora Sylvia Sánchez Insuasti, Jueza Nacional, quien actúa como ponente en atención a lo dispuesto en el rt[culo 141 del Código Orgánico de la Función Judicial; la doctora Gladys Terán Sierra, Jueza Nacional, y el doctor Jorge Blum Carcelén, Juez Nacional. 2. 2 Las Juezas y Juez actuantes, somos competentes para conocer la presente causa, en atención a lo dispuesto en los artículos 184. 1 y 76. 7. k) de la Constitución de la República; 184 y 186. del Código Orgánico de la Función Judicial, reformados por la Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de la Función Judicial, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 38, de 17 de julio de 2013; 349 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, vigente hasta el 9 de agosto de 2014; y, de conformidad a las resoluciones del Pleno de la Corte Nacional de justicia NOS. 01-2015 y 02-2015, de 28 de enero de 2015. DEL TRÁMITE. – 3. 1 Por la fecha en que se ha presentado el recurso de casación corresponde aplicar la 2 OF Ley reformatoria al Código iento Penal V al Código publicado en el Registro Oficial No. 180 de 10 de febrero de 2014. IV. VALIDEZ PROCESAL. – 4. 1 El presente recurso se ha tramitado conforme a lo establecido en los artículos 75 y 76. de la Constitución de la República del Ecuador y las reglas generales de mpugnación dispuestas en los capítulos I y IV del Titulo Cuarto del Código de orgánico Integral penal, DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA: Los procesos penales, actuaciones y procedimientos de investigación que estén tramitándose cuando entre en vigencia este Código, seguirán sustanciándose de acuerdo con el procedimiento penal anterior hasta su conclusión, sin perjuicio del acatamiento de las normas del debido proceso, previstas en la Constitución de la República, siempre que la conducta punible esté sancionada en el presente Código. Procedimiento Penal. Por lo que, al no existir vicios de rocedimiento, ni omisión de solemnidades sustanciales, habiéndose observado las garantías del debido proceso, este Tribunal declara la validez de lo actuado.

PLANTEAMIENTOS DE LOS SUJETOS PROCESALES EN LA AUDIENCIA uso indebido, el cual, está proscrito por los derechos humanos, y esto por cuatro razones: 1. Porque en nuestro ordenamiento no se necesita receta médica para usar drogas. 2. Porque el Informe del Problema de las Drogas en las Américas, publicado el 17 de mayo de 2013, envía un mensaje a los estados de evitar a toda costa la criminalización del usuario consumidor. 3. Porque hay urisprudencia en América Latina, que ratifica el derecho al libre desarrollo de la personalidad, de usar drogas. 4 porque el artículo 354 de la Republica, no exige autorización para el uso de drogas lícitas o ilícitas, y por el contrario señala que está prohibida su criminalización. La Ley 108 hace una especie de presunción iura in iure, ya que no basta que una persona tenga o posea, para convertirse en narcotraficante, ya que el verbo rector fundamental para el análisis de estricta legalidad es el tráfico, es lo que exige el artículo 3, letra a, apartado 3 de la Convención Internacional Contra el Tráfico de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas de 1998, que forma parte de nuestro bloque de constitucionalidad, misma que debe ser aplicada cuando se interpreta el artículo 62 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y psicotrópicas. – La resolución de la Corte Provincial de Justicia de Carchi, hace alusión a las cantidades; ni la Organización Mundial de la Salud, ni ninguna politica a nivel internacional, ha dicho cuá ntidades para el uso de son los umbrales, que tratan de generar un marco de tolerancia, pero no se puede decir que una persona con menos de esos gramos es consumidora o con más de esos gramos es arcotraficante. Que existe una indebida aplicación de la ley, porque la Fiscalía no apelo, siendo que, la Corte asume competencia, en razón de la consulta, facultad derogada por la Disposición Transitoria Séptima del Código Orgánico Integral penal. Así, la Corte para determinar la vigencia de la consulta, lo hace con base en la Disposición Transitoria Primera del Código Orgánico Integral Penal; sin embargo, la consulta no forma parte del Código de Procedimiento Penal, sino de la Ley de Drogas, derogada expresamente por el COIP. – Se viola el principio non reformatio in pejus, establecido en el rtículo 77. 14 de la Constitución de la República. Que hay un error de interpretación, al momento de aplicar el principio de favorabilidad, que tiene una aplicación sustantiva y adjetiva, es decir se aplica también para los procesos penales que pueden ser lesivos o menos favorables; en el caso de que la acusada hubiese sido narcotraficante, la cantidad no era para medana escala, sino minima escala, y la racionalización de la pena es arbitraria, ya que se debía aplicar atenuantes, entonces, si la pena se reduce de un tercio a la mitad, y si el tráfico a mí e sanciona de dos a seis s OF eses, la base cumplida. El doctor Ernesto Pazmiño, Defensor Público, y también abogado defensor de la recurrente, Denisse Alexandra Aray Mozo, en lo principal señala: Que en la audiencia de juicio, el fiscal a cargo de la causa, ni siquiera se limitó a demostrar que exist(a la infracción, por ende, no acusó.

Además, la Corte provincial, en la última parte de la sentencia, dlce: «por otra parte, conminado que ha sido el señor Fiscal Provincial del Carchi para que presente su informe, quien luego de hacer un análisis de la prueba aportada en la etapa de juicio, solicita que la sentencia consultada Sea onfirmada» por lo tanto, no existe acusación fiscal y sin acusaclon, no puede haber juicio, mucho menos una sentencia condenatoria. En la audiencia preparatoria de juicio, el fiscal, doctor Mario Martínez, presentó dictamen abstentivo a favor de la procesada, mismo que, fue revocado por el fiscal superior, al subir en consulta; sin embargo, en la audiencia de juicio, el fiscal, Alain Rea Salgueiro, retiró la acusación, por cuanto, se justificó por pa o defensor de la 6 OF procesada, que artículo 364 de la Constitución de la República. Se ha violado el artículo 76. . 1) de la Carta Magna, por cuanto, los eñores jueces del tribunal ad-quem, en la motivación, no determinan la base legal. Al no existir acusación fiscal, no existe juicio, por ende, se vulnera numeral 2, del artículo 76 de la Constitución de la República. Se ha violado el principio de favorabilidad, por cuanto, la cantidad droga encontrada en poder de su defendida es de 20 gramos de cocama y 1,5 de marihuana y actualmente, este delito, por esta cantidad, encuentra sancionado con pena privativa de libertad de 2 a 6 meses. Que se ha violado los principios pro-reo y non reformatio in pejus, vulnerándose así el principio de imparcialidad. 2 Contradicción del doctor Marco Navas Arboleda, delegado del señor Fiscal General del Estado, en lo principal expresa: muy difícil de sobrellevar y superar, que tiene una necesidad de restituir su vida, continuar con sus estudios, terminar su carrera y reivlndicar a su familia, y que si ha cometido un error es de ser dependiente y de tener la necesidad de consumir. 6. CONSIDERACIONES JURIDICAS RESPECTO AL DERECHO RECURRIR Y AL RECURSO DE CASACION. – 6. 1 La Constitución de la República, en el artículo 76. 7. m, establece que: «En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de ualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: (… ) 7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: (… ) m) Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se decida sobre sus derechos. jurisdicción para reforzar la protección de los justiciables, ya que toda resolución nace de un acto humano, susceptible de contener errores o generar distintas interpretaciones en la determinación de los hechos y en la aplicación del derecho Es claro, sin embargo, que el derecho a recurrir, al igual ue todos los demás derechos constitucionales, debe estar sujeto a limitaciones establecidas en la Constitución y la Ley, siempre que respondan a la necesidad de garantizar los derechos de las demás partes intervinientes, de acuerdo con los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad» 6. 4 El Código de Procedimiento Penal, vigente hasta el 09 de agosto de 2014, aplicable al presente caso, en el Artículo 349 establece: «Causales. – El recurso de casacion será procedente para ante la Corte Nacional de Justicia, cuando en la sentencia se hubiera violado la ley, ya por contravención expresa de su texto, por ndebida aplicación, o por errónea interpretación.

No serán admisibles los pedidos tendientes a volver a valorar la prueba. «. Por su parte, el artículo 324 del Código adjetivo penal, consagra el principio de legalidad de los recursos, en virtud del cual, «las providencias son impugnables solo en los casos y formas expresamente establecidos en este Código. » 6. 5 En este contexto, cabe indicar, que uno de los principios que rige la sustanciación del recurso de casación, e idad, en consecuencia, tal como lo afirma las causales que expresamente consagra el sistema jurídico positivo; no existen ausales distintas»[2][2] o como lo sostiene Luis Tolosa Villabona, la casacón solo «se puede formular por causales precisas previstas en la ley de forma 6. En este sentido, la contravención expresa del texto se presenta cuando el juzgador, por omisión deja de utilizar determinada disposición jurídica, que es necesaria para la resolución de un caso en concreto, resolviendo en contra de su mandato; por su parte, la indebida aplicación, ocurre cuando el juzgador yerra al resolver un caso en concreto, por aplicar una norma que no resulta pertinente para la resolución; y, finalmente, existe rrónea interpretación, cuando el juzgador aplicando la disposición pertinente para la Orlando Rodríguez Ch. , Casación y Revisión Penal, Temis, Bogotá, 2008, pág. 57 Luis Armando Tolosa Villabona, Teoría y técnica de la Casación, Ediciones Doctrina y Ley, Bogotá, colombia, 2005, p. 112 resolución del caso en concreto, le da un sentido y alcance diferente al expresado por su tenor 5. 7 La Sala Especializada de lo penal, penal Militar, penal policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia, a través de sus Tribunales de Casación, al definir los parámetros para analizar sación, ha establecido que «Ningún recurso de